San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mayo 9 de 2007
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Red Chiapas por la Defensa de la Tierra y el Territorio, hacemos público el siguiente pronunciamiento:
¡Cese inmediato de amenazas, presiones y desalojos de comunidades indígenas en la Selva Lacandona!
Hacia finales de los sexenios de Vicente Fox (federal) y Pablo Salazar (estatal) se reiniciaron las amenazas y acciones de hostigamiento y desalojo en toda la región de la Selva Lacandona.
Esta nueva ofensiva se puso en marcha en noviembre pasado, con la masacre realizada en contra de indígenas ch’oles y tseltales de la pequeña comunidad de Viejo Velasco, en el límite Noreste de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) a través de un operativo tipo paramilitar, realizado por parte de un grupo armado de la subcomunidad de Nueva Palestina, al parecer contando con el apoyo político de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPPDIC) y con la complicidad –por omisión- de parte de los gobiernos federal y estatal.
Ahora, bajo las administraciones de Felipe Calderón y Juan Sabines, esta ofensiva en contra del legítimo Derecho a la Tierra y al Territorio, de diversos pueblos indígenas y comunidades campesinas, se ha desatado de manera cruda y franca. Primero, a nivel de nuevas y cada vez más violentas amenazas en contra de Municipios Autónomos y bases y simpatizantes zapatistas, de parte tanto de la citada OPDDIC, como de la Unión Campesina Indígena Agrícola y Forestal (UCIAF) remanente de lo que fuera el tristemente célebre grupo paramilitar Paz y Justicia que operara impunemente en el sexenio Zedillista.
Estas nuevas acciones cada vez más amenazantes, de parte de grupos indígenas armados con antecedentes paramilitares, no sólo han venido quedando impunes y han contado con un silencio cómplice de parte del gobierno de Juan Sabines, sino que se están viendo complementadas y apoyadas desde Sector Agrario Federal (Procuraduría Agraria y Tribunal Superior Agrario, principalmente) quienes han venido validando y legalizando ilegítimas e incluso, ilegales acciones de despojo de derechos agrarios de bases zapatistas y de militantes de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI) en la zona norte de la Selva Lacandona (Municipio Autónomo Olga Isabel-Chilón/Bachajón) así como, con la reciente declaración pública emitida el 3 de abril de este año, por el Secretario de la Reforma Agraria, Agrónomo Abelardo Escobar, en el sentido de que: “De acuerdo a un dictamen de la SEMARNAT, los poblados de San Antonio Miramar, Rancho Corozal, Salvador Allende, Nuevo Salvador Allende, el Buen Samaritano y Nuevo San Gregorio –todos ellos pertenecientes a la Organización ARIC-Independiente, así como otros cuatro poblados ubicados en la zona norte de los Bienes Comunales Zona Lacandona y los dos que se localizan en el río Usumacinta (San Jacinto Lacanjá y Flor de Cacao) no deben ser regularizados, no hay negociación y deben ser reubicados” (Expreso Chiapas, 4 de abril del 2007)
En este contexto, como Red Chiapas por la Defensa de la Tierra y el Territorio, surgida del Encuentro Estatal contra el PROCEDE, realizado en Petalcingo, Tila, Chiapas, el 12 de marzo de 2006, e integrada por diversas Organizaciones Sociales y ONG´s, manifestamos públicamente:
1) Nuestro total apoyo a las luchas indígenas por el legítimo derecho a la tierra y al territorio que, en este caso vienen desarrollando en toda la región de la Selva Lacandona, los Municipios Autónomos y bases zapatistas, así como las Organizaciones Sociales y comunidades indígenas pertenecientes a: la ARIC Independiente, X’inich, CNPI y ARIC Unión de Uniones;
2) Nuestra exigencia de que cesen todas las acciones de hostigamiento, amenazas y presiones, ejercidas por parte de los grupos civiles de corte paramilitar, tipo OPDDIC, UCIAF y la llamada Comunidad Lacandona.
3) Asimismo, que cese el apoyo -abierto o encubierto- de las autoridades del Sector Federal Agrario (SRA, P.A., Tribunal Superior Agrario y RAN) y ambiental (SEMARNAT, CONANP) otorgado a estos grupos, contando con el silencio cómplice del gobierno de Juan Sabines.
4) Consideramos que, de continuar estas acciones intimidatorias, amenazantes y de desalojo, abiertamente violatorias de los derechos a la tierra, al territorio y a la vida digna de las comunidades agredidas, se generará un clima de enfrentamiento y violencia, cuyos lamentables resultados serán responsabilidad de los gobiernos federal y estatal.
5) Asimismo, consideramos que esta ofensiva gubernamental y civil tipo paramilitar, desatada ahora por las administraciones de Felipe Calderón y Juan Sabines, específicamente en contra de comunidades indígenas rebeldes o de oposición, asentadas en la Selva Lacandona (REBIMA incluida) no es casual, sino que obedece a poderosos intereses corporativos extranacionales, interesados en posicionarse y controlar dichos territorios, ricos en recursos naturales estratégicos para la soberanía nacional, tales como la biodiversidad; los caudales y fuentes de agua dulce no contaminada, los macizos de cubierta forestal y el petróleo.
6) Finalmente, apoyamos totalmente, la exigencia al gobierno estatal, expresada antes por diversas organizaciones civiles y ONG´s, en el sentido de lograr la ubicación inmediata y presentación con vida de los indígenas Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Juan Peñate Montejo y Pedro Núñez Pérez, integrantes del poblado Viejo Velasco, señalados y denunciados como desaparecidos a raíz de la agresión armada y el enfrentamiento del 13 de noviembre de 2006, en contra de dicho poblado, así como que sea liberado de forma inmediata, Diego Arcos Meneses, ejidatario y promotor de salud de la Comunidad Nuevo Tila, privado ilegal y arbitrariamente de su libertad bajo la falsa y absurda acusación de ser presunto responsable de dicha masacre.
Antena Civil de la Selva (Ocosingo/Comitán); Casa de la Mujer Ixim Anzetic,ac (Palenque); Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, ac (Ocosingo); Centro de Derechos Indígenas, ac (Chilón); Comité para la Defensa de la Libertad Indígena X’inich (Palenque); Enlace, Comunicación y Capacitación, ac (Ocosingo/Comitán); Maderas del Pueblo del Sureste, ac (San Cristóbal de las Casas); Organización Indígena Yomlej (Chilón/Yajalón); Red de Comunicadores Boca de Polen (San Cristóbal de las Casas)
TODAS ELLAS INTEGRANTES DE LA RED CHIAPAS POR LA DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO
Este es un espacio abierto a la libre participación de aquellos que eligieron trabajar en el quehacer antropológico.
La grave situación de nuestro país obliga a dejar la mera espectación del "estudioso" y avanzar hacia el acompañamiento y participación en las justas causas enarboladas por los pueblos mexicanos contra el neoliberalismo y el oscurantismo fascista.
Asimismo, la historia es un arma para sostener nuestra identidad y aprender de procesos sociales pretéritos, por ello también debemos defender decididamente el Patrimonio Cultural (artístico, intangible, arqueológico e histórico). Recordemos que la ultraderecha teme a la ciencia, las artes, la memoria histórica de los pueblos y a la educación pública laica.
Hemos pensado que una de los primeros obstáculos a vencer es el cerco informativo. Aquí podrás denunciar toda injusticia cometida en el ámbito de tu desempeño laboral o académico contra etnias y grupos sociales vivos o pretéritos; también convocar a acciones concretas o participar con una reflexión crítica, ensayo o texto teórico útil para la formación de cuadros.
AQUÍ TODAS LAS IZQUIERDAS TIENEN CABIDA:
DISERTAR Y DISENTIR NO SE ESCRIBEN CON "D" DE DIVISIÓN
viernes, mayo 18, 2007
martes, mayo 15, 2007
Nuestros buenos legisladores...
Esta nota apareció hoy en el periódico La Jornada, es absolutamente injusto lo que el Senado y el Gobierno de la Ciudad pretenden hacer con el mercado de la Ciudadela, a mi modo de ver, es parte del "proyecto" de Ebrard, quien pretende regalarle a Slim Tepito y ahora con el pretexto de que el inútil poder legislativo va a reordenar sus propiedades, pretende despojar a los locatarios de este mercado popular.
Más allá del atendado contra un espacio donde es posible adquirir artesanías, lo peligroso estriba en la conceptualización que se nos quiere imponer de la palabra "progreso", pues para ellos no significa mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, sino avasallamiento de su cosmovisión y en estos casos en particular, de sus tradicionales formas de organización e intercambio.
Es decir, pretenden imponer el modelo de la podrida clase media gabacha, llena de centros comerciales y comida chatarra. Modelo que ya desde hace al menos 20 años la burguesía (si así se le puede llamar a un pobretón con carro sacado a plazos) mexicana desculturizada y mediocre entiende por "modernidad" y "mejoramiento".
Por eso insisten en la palabra "reordenamiento" cada que atacan la organización popular, buscando legitimar sus acciones ante los burguesitos desprevenidos, alentando el rechazo entre iguales mediante el uso de criterios clasistas, donde "locatario" o "mercado" significan "ilegal", "sucio", "malo", "tranza", mientras que "franquicia" o "plaza comercial" es equivalente de "legal", "limpio", "para gente decente".
Esta política del culturicidio es altamente nociva porque es silenciosa y sus efectos nos invaden a veces sin percibirlo. Ir en contra de las formas tradicionales de intercambio y de organización social (incluyendo el patrón de asentamiento) es ir en contra de nosotros mismos...
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PELIGRA EL MERCADO DE ARTESANÍAS DE LA CIUDADELA
El Poder Legislativo quiere recuperar el predio y venderlo para plaza comercial
Más allá del atendado contra un espacio donde es posible adquirir artesanías, lo peligroso estriba en la conceptualización que se nos quiere imponer de la palabra "progreso", pues para ellos no significa mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, sino avasallamiento de su cosmovisión y en estos casos en particular, de sus tradicionales formas de organización e intercambio.
Es decir, pretenden imponer el modelo de la podrida clase media gabacha, llena de centros comerciales y comida chatarra. Modelo que ya desde hace al menos 20 años la burguesía (si así se le puede llamar a un pobretón con carro sacado a plazos) mexicana desculturizada y mediocre entiende por "modernidad" y "mejoramiento".
Por eso insisten en la palabra "reordenamiento" cada que atacan la organización popular, buscando legitimar sus acciones ante los burguesitos desprevenidos, alentando el rechazo entre iguales mediante el uso de criterios clasistas, donde "locatario" o "mercado" significan "ilegal", "sucio", "malo", "tranza", mientras que "franquicia" o "plaza comercial" es equivalente de "legal", "limpio", "para gente decente".
Esta política del culturicidio es altamente nociva porque es silenciosa y sus efectos nos invaden a veces sin percibirlo. Ir en contra de las formas tradicionales de intercambio y de organización social (incluyendo el patrón de asentamiento) es ir en contra de nosotros mismos...
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PELIGRA EL MERCADO DE ARTESANÍAS DE LA CIUDADELA
El Poder Legislativo quiere recuperar el predio y venderlo para plaza comercial
ROCIO GONZALEZ ALVARADO
Convertido desde hace cuatro décadas en el centro principal de distribución de productos típicos de las diferentes regiones del país, el Mercado de Artesanías de la Ciudadela está en riesgo de desaparecer ante la intención de la Cámara de Diputados y el Senado de la República de recuperar el predio de 16 mil metros cuadrados -es de su propiedad-, para venderlo y construir una plaza comercial, con la anuencia del gobierno capitalino.
José Antonio Menéndez, representante de los comerciantes y artesanos del lugar, explicó que ninguna autoridad se ha presentado para darles a conocer el proyecto, pero corre la versión de que se llevará a cabo como parte del reordenamiento de propiedades que comparten ambos órganos legislativos.
De hecho, el acuerdo se dio el 21 de marzo pasado durante una reunión entre los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en la cual, según declaraciones posteriores del legislador Carlos Navarrete, esa instancia legislativa se adjudicaría el espacio ubicado en la Ciudadela a cambio de donar los derechos sobre San Lázaro a la Cámara de Diputados.
Este terreno, de acuerdo con el líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, se venderá no "a cualquiera ni para cualquier cosa", sino como parte de los planes que tiene el gobierno de la ciudad para que se "haga un desarrollo moderno" en el rescate de la zona. Los recursos que se obtengan serán destinados para construir el nuevo edificio del Senado en Paseo de la Reforma, en donde, por cierto, la administración capitalina donó un predio.
De concretarse ese plan, Menéndez advirtió que poco más de 20 mil personas resultarán afectadas, entre ellas artesanos, comerciantes, clientes mayoristas y proveedores de toda la República que dependen de esa actividad, además de que se perdería un espacio único en el que tienen cabida prácticamente todas las expresiones de la cultura artesanal en México.
En un recorrido por el colorido mercado, integrado por 355 locales, entre comercios y talleres, e inclusive algunas viviendas que dan cobijo a miembros de diferentes comunidades étnicas, como triquis y huicholes, que expenden su mercancía en el lugar, el representante de los artesanos dijo que están conscientes de que se trata de terrenos federales, pero, adujo, desde 1966, cuando se fundó el mercado, nunca tuvieron conflictos.
"Todo aquí es lícito y pagamos todos los servicios e impuestos. Ahora nos salen que quieren hacer una plaza, y hablan del predio de la Ciudadela como si fuera baldío, cuando hemos batallado para mantenerlo como mercado popular con precios accesibles para todos y reconocido internacionalmente. Plazas hay muchas, pero mercados como éste sólo uno, y me refiero a todo el país", esgrimió.
Las autoridades, continuó, tendrán que fundamentar el interés público de su nuevo proyecto, que anteponga el derecho a tener un trabajo honrado, aunque "no solamente van a dejar a miles sin empleo, también van a quitar un espacio en el que se recrean las expresiones culturales que nos identifican como país, y que inclusive sirven como escaparate para que nos conozcan en el mundo, porque de aquí se exportan productos a países de Europa, Asia y África", esgrimió.
Ese mismo sentir lo comparte don José Piña Román, artesano del lugar y creador de las artesanías más originales en hojalata, quien expresó que son tres las generaciones que han mantenido vivo este centro artesanal, por lo que sería lamentable que ahora pretendan echar por la borda tantos años de trabajo.
Desde su taller, en el que orgulloso muestra sus creaciones, entre las cuales figuran todo tipo de lagartijas, espejos decorados y adornos de mesa, que han trascendido las fronteras del país, afirma que da "tristeza y coraje" que las autoridades en lugar de otorgarles apoyos pretendan echarlos a la calle.
"Si están sentados en la Cámara es por los mexicanos que votamos por ellos, no pueden ser que en pago nos quieran quitar el patrimonio que hemos hecho con tanto esfuerzo", apuntó.
La intención de los senadores de despojar a los artesanos de su fuente de trabajo ya generó la inconformidad de un grupo de ciudadanos, que comenzó una campaña de apoyo con la recopilación de firmas en la dirección electrónica: ciudadela_df@hotmail.com con el propósito de que no desaparezca este mercado fundado en 1966.
Convertido desde hace cuatro décadas en el centro principal de distribución de productos típicos de las diferentes regiones del país, el Mercado de Artesanías de la Ciudadela está en riesgo de desaparecer ante la intención de la Cámara de Diputados y el Senado de la República de recuperar el predio de 16 mil metros cuadrados -es de su propiedad-, para venderlo y construir una plaza comercial, con la anuencia del gobierno capitalino.
José Antonio Menéndez, representante de los comerciantes y artesanos del lugar, explicó que ninguna autoridad se ha presentado para darles a conocer el proyecto, pero corre la versión de que se llevará a cabo como parte del reordenamiento de propiedades que comparten ambos órganos legislativos.
De hecho, el acuerdo se dio el 21 de marzo pasado durante una reunión entre los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en la cual, según declaraciones posteriores del legislador Carlos Navarrete, esa instancia legislativa se adjudicaría el espacio ubicado en la Ciudadela a cambio de donar los derechos sobre San Lázaro a la Cámara de Diputados.
Este terreno, de acuerdo con el líder de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, se venderá no "a cualquiera ni para cualquier cosa", sino como parte de los planes que tiene el gobierno de la ciudad para que se "haga un desarrollo moderno" en el rescate de la zona. Los recursos que se obtengan serán destinados para construir el nuevo edificio del Senado en Paseo de la Reforma, en donde, por cierto, la administración capitalina donó un predio.
De concretarse ese plan, Menéndez advirtió que poco más de 20 mil personas resultarán afectadas, entre ellas artesanos, comerciantes, clientes mayoristas y proveedores de toda la República que dependen de esa actividad, además de que se perdería un espacio único en el que tienen cabida prácticamente todas las expresiones de la cultura artesanal en México.
En un recorrido por el colorido mercado, integrado por 355 locales, entre comercios y talleres, e inclusive algunas viviendas que dan cobijo a miembros de diferentes comunidades étnicas, como triquis y huicholes, que expenden su mercancía en el lugar, el representante de los artesanos dijo que están conscientes de que se trata de terrenos federales, pero, adujo, desde 1966, cuando se fundó el mercado, nunca tuvieron conflictos.
"Todo aquí es lícito y pagamos todos los servicios e impuestos. Ahora nos salen que quieren hacer una plaza, y hablan del predio de la Ciudadela como si fuera baldío, cuando hemos batallado para mantenerlo como mercado popular con precios accesibles para todos y reconocido internacionalmente. Plazas hay muchas, pero mercados como éste sólo uno, y me refiero a todo el país", esgrimió.
Las autoridades, continuó, tendrán que fundamentar el interés público de su nuevo proyecto, que anteponga el derecho a tener un trabajo honrado, aunque "no solamente van a dejar a miles sin empleo, también van a quitar un espacio en el que se recrean las expresiones culturales que nos identifican como país, y que inclusive sirven como escaparate para que nos conozcan en el mundo, porque de aquí se exportan productos a países de Europa, Asia y África", esgrimió.
Ese mismo sentir lo comparte don José Piña Román, artesano del lugar y creador de las artesanías más originales en hojalata, quien expresó que son tres las generaciones que han mantenido vivo este centro artesanal, por lo que sería lamentable que ahora pretendan echar por la borda tantos años de trabajo.
Desde su taller, en el que orgulloso muestra sus creaciones, entre las cuales figuran todo tipo de lagartijas, espejos decorados y adornos de mesa, que han trascendido las fronteras del país, afirma que da "tristeza y coraje" que las autoridades en lugar de otorgarles apoyos pretendan echarlos a la calle.
"Si están sentados en la Cámara es por los mexicanos que votamos por ellos, no pueden ser que en pago nos quieran quitar el patrimonio que hemos hecho con tanto esfuerzo", apuntó.
La intención de los senadores de despojar a los artesanos de su fuente de trabajo ya generó la inconformidad de un grupo de ciudadanos, que comenzó una campaña de apoyo con la recopilación de firmas en la dirección electrónica: ciudadela_df@hotmail.com con el propósito de que no desaparezca este mercado fundado en 1966.
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